El día de hoy, día internacional de las personas desaparecidas, insistimos que los crímenes de lesa humanidad no deben quedar en impunidad; es necesario que se conozca el paradero de las víctimas, se esclarezcan los hechos, se encuentren a los responsables, se tomen medidas de no repetición, se reparen los daños y se haga justicia. Familiares y sociedad tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en que fueron cometidas las violaciones a derechos humanos.

Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” condenamos el asesinato de 72 personas migrantes indocumentadas en el municipio de San Fernando en el estado de Tamaulipas el pasado 24 de agosto y expresamos nuestra profunda indignación.

Compartimos con ustedes el siguiente boletín de prensa que da cuenta de la publicación de informes oficiales que revelan datos de espionaje al trabajo de defensores de derechos humanos en Chiapas. La información contenida en los documentos explica en gran parte el contexto de persecusión, hostigamiento y represión que se vive en Chiapas en donde la situación del Conflicto armado interno es agenda no resuelta por los gobiernos federal y estatal.

Hoy se cumple un año en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una resolución inédita “en materia penal de alta trascendencia”. El 12 de agosto de 2009 cuatro ministros de la SCJN determinaron que hubo faltas al debido proceso en el caso de 26 sentenciados como autores materiales de la Masacre de Acteal, por lo cual votaron la libertad inmediata a 20 de ellos. Posteriormente el 4 de noviembre, la SCJN, determinó liberar a otros nueve.

Víctor Manuel Palacios Torres, Director del CERSS 5 de San Cristóbal de Las Casas, niega ingreso a integrantes de organizaciones civiles quienes fuimos a visitar al profesor Alberto Patishtán Gómez